La medida, que entraría en vigor en 2026, busca fortalecer ingresos estatales pero genera preocupaciones en el sector restaurantero y de bares.
El Congreso del Estado de Guanajuato se encuentra en proceso de discutir una propuesta que contempla incrementar en un 4.5% el impuesto aplicado a las bebidas alcohólicas servidas en comercios del sector restaurantero y de entretenimiento. La medida, que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026, forma parte de la iniciativa de Ley de Ingresos 2026 presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y tiene como objetivo principal incrementar la recaudación estatal en aproximadamente 83 millones de pesos mediante nuevos cobros asociados a la venta final de bebidas alcohólicas.
Este tipo de gravámenes responde a una estrategia de fortalecimiento de los recursos propios del estado, además de aumentar el control fiscal en los establecimientos. Sin embargo, mientras la Secretaría de Finanzas de Guanajuato respalda la propuesta como una medida necesaria para mejorar las finanzas públicas, los actores del sector hotelero y de bares expresan su preocupación por el impacto económico. La industria advierte que no podrán absorber íntegramente el aumento, por lo que probablemente trasladarán la carga al consumidor, lo que podría encarecer los servicios y reducir su competitividad en un mercado ya desafiante.
Para comprender la importancia de esta decisión, es relevante contextualizar que Guanajuato ha experimentado un crecimiento en su sector turístico y restaurantero. Sin embargo, en un escenario post-pandemia, las autoridades buscan equilibrar la generación de ingresos con la sustentabilidad de pequeños negocios, que representan una fuente importante de empleo y desarrollo local. La discusión en el Congreso se da en un momento donde el sector empresarial pide mayores espacios de diálogo para evitar medidas que puedan perjudicar su estabilidad económica.
Este ajuste fiscal es estratégico en un contexto donde muchos gobiernos estatales buscan diversificar sus fuentes de ingreso y fortalecer las finanzas públicas sin afectar de manera desproporcionada a los pequeños empresarios, quienes representan un pilar importante del sector.