La captura de un barco cargado con combustible contrabandeado revela vínculos en la administración de López Obrador, con implicaciones en diferentes dependencias del gobierno federal y estatal.
En los últimos meses, la detección y desarticulación de una red de contrabando de hidrocarburos en Tamaulipas ha puesto en el centro de la atención a diversos funcionarios de administraciones pasadas y presentes. La operación que culminó con el aseguramiento de un buque en Tampico a fines de marzo sirvió como punto de partida para revelar un entramado ilegal que habría operado desde años atrás, durante la gestión de la administración federal encabezada por López Obrador. La aprehensión de 14 personas, entre ellas algunos implicados en las aduanas y organismos navieros, evidencia que la ilícita circulación de combustible persistió a pesar de los discursos oficiales que presumiendo un combate efectivo contra el huachicol.
Expertos y autoridades señalan que estos hechos no sólo implican a operadores locales, sino que también apuntan a la posible participación de funcionarios con cargos en las instituciones encargadas de la vigilancia y control aduanero y naval, durante los años previos. En particular, la figura de Rafael Ojeda Durán, quien dirigió la Secretaría de Marina del 2018 a 2024, adquiere relevancia, pues informes internos indicarían intentos de investigar complementariamente perfiles vinculados a actividades ilícitas en esa dependencia, en un intento de blindar la institución.
La investigación en curso no solo representa una oportunidad para esclarecer las redes de contrabando, sino que también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles en las aduanas y las instituciones navales para prevenir que la corrupción siga alimentando la economía ilícita. La continuidad del problema y la presencia de funcionarios señalados en los hechos demuestran la complejidad del combate contra el huachicol y la importancia de una estrategia enérgica y transparente.