Legisladores y productores analizan cambios regulatorios que podrían afectar derechos y concesiones del agua en México, mientras voces alertan sobre riesgos y posibles conflictos.
En una reunión que reúne a legisladores, expertos y productores, se comenzaron a analizar las propuestas de modificación a la Ley de Aguas, un tema que ha generado controversia y encono en varias regiones del país. La discusión surge en medio de protestas de productores del estado de Chihuahua, quienes rechazan las nuevas normativas que, consideran, podrían amenazar sus derechos ancestrales sobre recursos hídricos en sus propiedades y ejidos.
Uno de los principales puntos de discusión es la interpretación de las reglas existentes, pues algunos actores advierten que un exceso de poder en la interpretación normativa puede generar incertidumbre y conflictos legales en la gestión del agua. Además, se expuso que la renovación de concesiones podría mantenerse solo mediante el pago de cuotas y sin la obligación de usar el recurso, como en el caso del Banco Azteca, que mantiene una concesión no utilizada a pesar de no hacer uso del agua asignada.
Expertos también señalaron que esas prácticas pueden favorecer a grandes corporativos y complicar la protección de los derechos de los pequeños productores y comunidades. En tanto, algunos legisladores expresaron apertura a revisar y ajustar las propuestas para que reflejen mejor las necesidades del campo y de las comunidades locales, evitando modificaciones que puedan tener efectos retroactivos perjudiciales o que desproteger a los usuarios tradicionales del recurso. La discusión continúa, con la intención de alcanzar un marco normativo equitativo y claro, que favorezca el uso sustentable del agua.