Expertos, productores y legisladores discuten los riesgos y conflictos potenciales generados por cambios en la regulación del agua en México.
Recientemente se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados varios foros de discusión sobre las propuestas para reformar la Ley de Aguas, en respuesta a manifestaciones de productores agrícolas en Chihuahua que expresaron su rechazo a posibles adelgazamientos en sus derechos de extracción de agua. La iniciativa busca modificar aspectos relacionados con la renovación de concesiones y la interpretación de normativas, generando preocupación entre diferentes sectores.
Durante las sesiones, expertos advirtieron sobre la magnitud del poder interpretativo de las leyes, que podría propiciar incertidumbre y conflictos jurídicos. Uno de los participantes, un reconocido especialista en recursos hídricos, señaló que es poco viable que las autoridades reconozcan automáticamente las concesiones ya existentes, especialmente aquellas que no han sido plenamente utilizadas por grandes empresas, como en el caso del Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego, que mantiene un título de concesión para extraer agua que no ha destinado a su uso.
Asimismo, productores agrícolas pidieron a los legisladores evitar otorgar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) facultades para resolver trámites de concesiones con potencial aplicación retroactiva, lo que podría afectar derechos adquiridos. La inquietud es que los cambios puedan favorecer a intereses económicos, sin atender las necesidades sociales y ambientales del sector.
Al respecto, un diputado reconoció que las propuestas aún pueden modificarse en el proceso legislativo para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del recurso hídrico. La discusión continúa para definir un marco legal que asegure una gestión transparente y justa del agua en México, ante la importancia que tiene este recurso para toda la población.