La institución electoral destina menos recursos del requerimiento para el proceso 2026 y mantiene una deuda significativa que aún no ha sido cubierta.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó un presupuesto de 278.5 millones de pesos para 2026, cifra que no cubre los más de 80 millones de pesos que el organismo estima necesarios para sus operaciones y la organización del proceso electoral 2026-2027. Esta diferencia refleja las dificultades financieras que enfrentan los órganos estatales para garantizar una planificación electoral efectiva bajo restricciones presupuestarias.
En paralelo, el Consejo General de Ceepac autorizó una adecuación presupuestal de 402 mil pesos destinados a pagar la deuda con el Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización de una elección extraordinaria del Poder Judicial en junio de 2025. La deuda total por este proceso asciende a más de 21 millones de pesos, de los cuales, hasta ahora, se han cubierto aproximadamente 5 millones de pesos. Esto deja un saldo pendiente superior a los 16 millones, sin recursos específicos en el presupuesto de 2026 para saldar esta obligación.
A pesar de que el Congreso del Estado aprobó un incremento de 25 millones de pesos respecto a la propuesta original del Ejecutivo, esta cantidad no alcanza a cubrir las necesidades proyectadas por el organismo electoral, que había solicitado un monto total de 407.7 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026. La solicitud se fundamentó en criterios de austeridad y en la reducción de gastos no esenciales, priorizando las actividades críticas para la planificación electoral.
Con esta situación, el Ceepac ha planteado una estrategia de contención del gasto para el próximo año, centrándose en actividades clave como el desarrollo de sistemas, la capacitación del personal y la planificación técnica, mientras mantiene la expectativa de solicitar ampliaciones presupuestales adicionales si la situación lo requiere, con el objetivo de garantizar la organización del proceso electoral sin contratiempos.
Este escenario evidencia los desafíos presupuestales que enfrentan los órganos electorales en varias entidades de México, donde las limitaciones financieras amenazan la realización de procesos democráticos fundamentales. La eficiencia en el uso de recursos y la priorización de acciones serán cruciales para mantener la transparencia y la legitimidad de las futuras elecciones en el estado.