Los productores agrícolas en varias regiones del país exigen medidas para evitar el dumping y obtener precios justos del maíz, enfrentando rechazo en las negociaciones oficiales.
Tras semanas de movilizaciones, los campesinos del Bajío y de otras regiones mexicanas lograron captar la atención de las autoridades federales, poniendo sobre la mesa demandas esenciales para la economía agrícola. La protesta, que ya se extiende a 25 estados, exige la regulación del dumping de granos y la fijación de un precio base para el maíz blanco, un cultivo vital para millones de productores y la seguridad alimentaria nacional. En una reciente jornada, el secretario de Agricultura enfrentó la resistencia de los agricultores, quienes rechazaron el acuerdo de un precio de garantía de 8,200 pesos por tonelada y decidieron bloquear mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación. En Chihuahua, las manifestaciones se llevaron a cabo en casetas de peaje, donde liberaron parcialmente el paso, buscando llamar la atención sobre la crisis del sector primario. Estas protestas reflejan una situación que podría escalar, puesto que el sector campesino ha sido históricamente un catalizador de movilizaciones sociales que, de no atenderse, tienden a generar presión política y social significativa. La creciente exigencia insta a las autoridades a considerar medidas urgentes que aseguren el bienestar del campo mexicano y eviten que los conflictos se profundicen en un contexto económico inestable.