Ciudad de México. – El gobierno federal ha oficializado la publicación de la estrategia nacional diseñada para combatir la extorsión y el cobro de piso, delitos considerados de alto impacto en México, con miras a su implementación en el año 2026.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer el acuerdo 01/LII/2025, el cual fue aprobado durante la quincuagésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el pasado 11 de diciembre.
Este acuerdo establece un marco de acción detallado para frenar el cobro de piso, una modalidad delictiva que ha mostrado un incremento notable desde el año 2019 hasta la actualidad.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública ha girado instrucciones precisas a los gobernadores de las entidades federativas. Estos deberán presentar ante sus respectivos congresos locales iniciativas de reforma legislativa con el objetivo de armonizar las leyes estatales con la nueva estrategia nacional. Asimismo, se les ha emplazado a reportar al SESNSP, a más tardar el último día hábil de enero de 2026, sobre el estatus de la presentación de dichas iniciativas.
Adicionalmente, se ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) la emisión de un manual de operación destinado a fiscalías y unidades especializadas. Este manual regulará la recepción de denuncias, así como la investigación y persecución del delito de extorsión a nivel nacional.
Las autoridades locales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar este nuevo manual. Con estas medidas, el gobierno federal busca homologar los marcos jurídicos y operativos en todos los estados, lo que permitirá una mejor medición de la incidencia delictiva en materia de extorsión y una asignación presupuestal más eficiente para su combate.
Se espera que, a partir de enero de 2026, las fiscalías estatales inicien el registro de incidencia delictiva siguiendo los nuevos lineamientos establecidos por el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, garantizando así una base de datos unificada y precisa.