Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública denuncian a Sady Loaiza por exigir devoluciones de salarios y ejercer intimidación en la dependencia.
En una serie de revelaciones que sacuden la Secretaría de Educación Pública, se ha denunciado a Sady Loaiza, funcionario de alto nivel en la Dirección de Materiales Educativos, por presunto cobro de moche a colaboradores y conductas de violencia laboral. Las investigaciones indican que desde marzo de 2025, algunos empleados recibieron llamadas de personas cercanas a Loaiza, quienes solicitaban devolver una parte de su salario, con la justificación de financiar servicios relacionados con el trabajo en materiales didácticos. Para ello, se habrían utilizado cuentas bancarias a nombre de un familiar del funcionario, con vínculos con una pareja sentimental de Loaiza, en cifras que rondaban los 40 mil pesos por individuo.
Este escenario se agrava con acusaciones de amenazas y hostigamiento, en las que se detallan gritos y actitudes intimidantes por parte del funcionario hacia su personal, además de episodios de agresión física y verbal en reuniones de trabajo. Diversos testigos relatan que Loaiza también promovía un ambiente hostil y excluyente en sus unidades, pese a exhibir una fachada de diálogo y apertura. La salida del cargo en julio de 2025 no detuvo la controversia, pues en semanas posteriores el funcionario fue promovido a un cargo en el gobierno de Nayarit, lo que desató cuestionamientos sobre las prácticas de la administración en la selección y promoción de sus funcionarios.
Las denuncias también hacen referencia a posibles delitos de abuso de autoridad, en línea con el Código Penal Federal, y a la existencia de un patrón de comportamiento que contraviene las normativas laborales y éticas vigentes. La situación pone en entredicho las políticas internas de la SEP y la supervisión de sus funcionarios, en un momento en que la institución enfrenta críticas por la gestión de materiales educativos y condiciones laborales.
Este caso refleja la necesidad de fortalecer los controles internos y garantizar entornos laborales libres de violencia y corrupción en instituciones educativas públicas, además de poner en evidencia la importancia de una supervisión efectiva para prevenir abusos y asegurar la integridad de los procesos administrativos.