Cuernavaca, Morelos. – La Fiscalía General de la República (FGR) ha concretado la detención de Jesús Alberto Caballero Tardáguila, quien fungió como colaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública sentenciado en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado.
La captura, realizada en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se efectuó tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de un juez federal. Esta acción forma parte de una investigación en curso sobre presuntos desvíos de recursos y actos de corrupción atribuidos a García Luna.
Las indagaciones apuntan a que Caballero Tardáguila habría participado en la simulación de contratos entre 2013 y 2015, destinados a la adquisición de servicios. El objetivo, según las investigaciones, era desviar fondos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social para canalizarlos a empresas presuntamente vinculadas con García Luna.
Esta detención se suma a una serie de procesos judiciales relacionados con una presunta red de contratos y desvíos en el sistema penitenciario federal, fortaleciendo la actuación de las autoridades contra la corrupción en altos niveles del sector público.
Previamente, el 17 de diciembre, fue detenida María Vanesa Pedraza Madrid, quien se desempeñó como jefa de asesores y representante de una empresa ligada a García Luna. Se le imputa el presunto lavado de 5,000 millones de pesos, fondos que habrían sido desviados del sistema penitenciario.
Genaro García Luna, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado en Estados Unidos a casi 40 años de prisión y a pagar una multa considerable, tras ser declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Al concluir su sentencia, enfrentará cinco años de libertad supervisada.
La Fiscalía había solicitado cadena perpetua para el exfuncionario de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, la defensa argumentó una pena mínima de 20 años. Finalmente, la sentencia dictada representó un punto intermedio.
Este suceso representa un logro significativo durante la gestión de Ernestina Godoy al frente de la FGR, siguiendo a la detención previa del exgobernador César Duarte.