Ciudad de México. – Una condonación de hasta 90% en multas de tránsito no graves, vigente a partir de 2026 en la Ciudad de México, ha generado preocupación entre especialistas en movilidad y seguridad vial. Advierten que la medida, aunque busca incentivar la regularización y la recaudación, envía un mensaje de permisividad y debilita el principio de que toda infracción debe tener una consecuencia clara.
La política, incluida en el Paquete Económico 2026, busca recuperar recursos que de otro modo no se cobrarían. Sin embargo, expertos como Roberto Remes y Ernesto Moura señalan que la condonación masiva de sanciones rompe la relación fundamental entre falta y castigo, esencial para mantener el orden en el espacio público. Según su análisis, los conductores podrían percibir que las multas son acumulables y que siempre existirán futuras oportunidades de descuento, disminuyendo el respeto por el Reglamento de Tránsito.
El programa, aprobado por el Congreso capitalino y vigente durante 2026, contempla reducciones significativas, pero con restricciones explícitas. No aplica para infracciones graves como invasión de carriles confinados del Metrobús, ciclovías, sanciones por hechos de tránsito con lesionados, delitos asociados ni para conductores bajo influencia de alcohol o drogas. Además, el beneficio no es automático y requiere un trámite presencial ante la Procuraduría Fiscal.
Roberto Remes, especialista en movilidad urbana, considera que esta medida se suma a otras decisiones que transmiten la idea de que el respeto al reglamento es negociable. Sostiene que cuando una sanción puede ser eliminada posteriormente, se envía el mensaje de que la infracción “no fue relevante” y que el Estado carece de una lógica consistente de causa y efecto. Remes enfatiza que las multas no solo recaudan, sino que son un instrumento clave para ordenar la convivencia vial, y su condonación frecuente refuerza la percepción de que incumplir normas tiene un bajo costo, incrementando los riesgos para todos los usuarios de la vía.
Por su parte, Ernesto Moura, experto en políticas públicas de movilidad, coincide en la “mala señal” que envía el descuento, especialmente para quienes sí cumplen con sus obligaciones. Señala que genera la expectativa de futuras condonaciones y evidencia la falta de coordinación metropolitana. Explica que muchas infracciones se manejan de forma no monetaria para vehículos con placas locales, mientras que a los foráneos se les aplican multas económicas. La ausencia de un sistema unificado de sanciones entre la CDMX y estados vecinos permite que conductores de otras entidades acumulen infracciones sin que esto afecte su verificación vehicular de origen.
Moura sugiere que, si bien la condonación puede ser un intento por recuperar adeudos, el costo simbólico de la permisividad que proyecta hacia conductores locales y foráneos podría ser mayor que el beneficio financiero. Ambos expertos coinciden en que la medida, más allá de lo recaudatorio, refuerza una cultura de desorden y el incumplimiento selectivo de las normas.
La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX datos sobre el total de multas y cuántas serían susceptibles de descuento, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.