La llegada del próximo fiscal general implicará enfrentar casos de corrupción, impunidad y opacidad que siguen sin resolverse en el sistema judicial mexicano. La elección del próximo Fiscal General de la República representa un momento decisivo para el sistema de justicia en México, en particular por la acumulación de casos y expedientes que aún permanecen en la indefinición. La Fiscalía mantiene pendientes de resolución que abarcan desde denuncias por corrupción y abuso de poder hasta investigaciones de alto impacto nacional, cuya inacción refleja las dificultades estructurales en la lucha contra la impunidad. Uno de los casos más emblemáticos involucra al exgobernador de Tabasco, con múltiples denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en contratos públicos y operaciones con empresas fantasma. A pesar de las acusaciones y evidencias presentadas, los procedimientos permanecen en un limbo, sin diligencias concretas ni avances judiciales claros. Este patrón es común en otros casos que involucran a figuras políticas, incluyendo a hijos de exmandatarios y legisladores, cuyas investigaciones tampoco han avanzado pese a la evidencia recabada y las denuncias presentadas. Además, las investigaciones sobre operaciones financieras y viajes en vehículos de lujo por parte de algunos congresistas permanecen sin esclarecimiento, evidenciando una tendencia preocupante en la omisión y la falta de acción judicial. Estas deficiencias no solo comprometen la credibilidad de la Fiscalía, sino que también alimentan la percepción de un sistema judicial selectivo y poco transparente. El escenario también incluye casos de corrupción de gran escala, como el escándalo Odebrecht, y hechos aún más complejos por su naturaleza, como el caso Ayotzinapa o el presunto uso de espacios en Jalisco como centros de operaciones criminales. Todos estos expedientes exigen una revisión profunda y decidida, tarea que requerirá del liderazgo de un fiscal comprometido con una política de cero impunid
Miércoles, 13 de mayo de 2026
