Ciudad de México. – Estados Unidos ha elevado la presión sobre el gobierno mexicano, buscando documentar presuntas complicidades entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, su círculo político y empresarios con el narcotráfico. La administración estadounidense considera a México como una pieza central en el desmantelamiento de la narcopolítica en América Latina, según fuentes oficiales.
La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una posición delicada ante las crecientes exigencias de Washington. Si bien ha condenado las acciones militares en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, se le insta a adoptar una postura más firme y menos pasiva frente a la influencia del crimen organizado en la política, una dinámica que, según informes, se remonta a cuatro sexenios pero que, presuntamente, se consolidó de manera particular durante el gobierno de López Obrador.
Las investigaciones estadounidenses, que se extienden a otros líderes latinoamericanos como Maduro y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señalan a México como prioritario para la seguridad nacional de EE. UU. por su papel en el trasiego de drogas. Se sugiere que funcionarios de alto nivel en México, incluyendo figuras dentro de Morena y allegados al expresidente, podrían estar vinculados con cárteles.
Funcionarios de inteligencia de EE. UU. habrían buscado documentar la conexión de López Obrador y su círculo político con el narcotráfico, utilizando incluso a líderes de cárteles como Ismael “El Mayo” Zambada y Los Chapitos. La información que Maduro pueda proporcionar a los fiscales estadounidenses es vista como una pieza clave en estas indagaciones, aunque las acciones judiciales correspondientes podrían tardar en concretarse.
La postura del gobierno mexicano, especialmente ante la retórica de Donald Trump, se mantiene cautelosa. A pesar de una aparente mejora en la coordinación en temas como el combate a la extorsión y el robo de combustible, persiste la resistencia a iniciar procesos judiciales contra figuras políticas presuntamente ligadas al crimen organizado. La falta de pruebas documentales entregadas a Sheinbaum, justificada por desconfianza a filtraciones, es un punto de fricción.