Ciudad de México. – El Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado un decálogo de propuestas con el objetivo de reformar el sistema electoral mexicano. Entre las medidas clave, el partido blanquiazul busca evitar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados (PT y PVEM) en el Congreso, mediante la implementación de una cláusula constitucional para este fin y una regulación más estricta de las coaliciones.
La senadora panista Verónica Rodríguez, a nombre de la bancada, detalló que las propuestas buscan garantizar la competencia democrática, una cancha pareja y que el voto de cada ciudadano tenga el mismo peso. “Lo principal es que queremos que esta reforma electoral contenga todas las voces de la oposición”, afirmó, advirtiendo que alzarán la voz a nivel internacional si no se aceptan propuestas de manera plural.
Las peticiones generales del PAN incluyen el establecimiento de reglas permanentes que aseguren la equidad en la competencia, la independencia de los órganos electorales y la prohibición de injerencia partidista en ellos. Bajo el lema “Mismas reglas para todos: ningún jugador puede ser árbitro”, el partido defiende el sistema mixto de representación en las cámaras, asegurando que “Todos los votos y solo los votos merecen representación” y evitando distorsiones en la conformación legislativa.
Otras demandas importantes son la garantía de un “árbitro justo” que evite su captura institucional y prevenga conflictos postelectorales, así como el combate a la infiltración del crimen organizado en las elecciones, declarando que “la democracia no puede coexistir con la infiltración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos”.
El decálogo también subraya la necesidad de mantener el servicio profesional electoral, calificando como “riesgo” el debilitar su capacidad operativa por motivos de austeridad. Adicionalmente, el PAN propone la implementación de una segunda vuelta electoral para cargos ejecutivos, con el fin de asegurar mayorías legítimas para la gobernabilidad democrática.
Finalmente, se insta a definir reglas claras y plataformas comunes para las coaliciones, promoviendo la transparencia. También se pide evitar el uso de programas sociales como amenaza electoral, reconociendo que son derechos, y se demanda un “financiamiento democrático” para los partidos, que sea permanente y esté sujeto a una vigilancia rigurosa.