Ciudad de México. – La reciente tragedia vinculada al corredor interoceánico, más allá de las consignas políticas, obliga a una reflexión profunda sobre el funcionamiento del Estado y la exigencia de responsabilidad institucional. Este episodio expone una falla sistémica en la forma de gobernar, donde las obras emblemáticas a menudo quedan blindadas contra la rendición de cuentas, priorizando la épica o la lealtad política sobre la ingeniería y los peritajes rigurosos.
La reacción de la presidenta, sobria y contenida, marcó un punto de diferencia al evitar la victimización y la retórica inflamatoria. Sin embargo, gobernar implica no solo administrar las tragedias, sino también decidir qué hacer a partir de ellas. La disyuntiva central reside en separar el ejercicio del poder actual de las inercias y redes que lo preceden. Responsabilidades como las de la Línea 12, la violencia estructural o los accidentes ferroviarios no son hechos aislados, sino síntomas de una patología administrativa que requiere un cambio de fondo.
El punto crítico y políticamente sensible es que esta patología está arraigada en grupos, redes y funcionarios que, a pesar de conocer los riesgos, han permanecido impunes. La pregunta fundamental no es si habrá investigación, sino a quién alcanzará y qué implicaciones tendrá. La verdadera responsabilidad recae en quienes autorizaron, toleraron o ignoraron las fallas técnicas, y quienes convirtieron las advertencias en meras molestias políticas. El maquinista o el eslabón más débil no son el problema; la cuestión es si la investigación llegará a quienes tomaron las decisiones indebidas.
La presidenta enfrenta una decisión estructural: gobernar con sus colaboradores o gobernar sobre ellos y a pesar de ellos. La narrativa de la honestidad personal como solución a los problemas sistémicos es insuficiente; los sistemas se purifican a través de la sanción. Cuando el poder evita tocar a los propios, corre el riesgo de administrar la misma impunidad que juró erradicar. Sin consecuencias reales para las decisiones indebidas, la tragedia se convierte en estructura y, por ende, se repite.
Este momento, sin embargo, también presenta una oportunidad para la definición institucional. La presidenta puede optar por no cargar con inercias y redes que no diseñó. Investigar sin excepciones, incluso entre aquellos que no pertenecen a su coalición, puede generar un respaldo amplio. Gobernar, en ocasiones, implica aceptar ayuda de quienes no brindan obediencia ciega. La prueba definitiva de la transformación no está en el discurso, sino en el alcance de las investigaciones y en si se atreven a incomodar a los propios. Cuando el poder solo investiga hacia abajo y no hacia adentro, la tragedia se convierte en método y la política deja de prometer transformación para convertirse en mera administración del daño y el desgaste.