Un amplio operativo en 48 municipios del Estado de México descubrió redes ilegales de explotación y venta de agua, implicando sindicatos y servidores públicos. En una acción coordinada, las autoridades del Estado de México llevaron a cabo la "Operación Caudal", para desmantelar estructuras clandestinas dedicadas a la explotación y distribución ilegal de agua. Durante el operativo, se aseguraron 51 pozos, 138 tomas sin autorización, más de 320 pipas y diversos vehículos vinculados con la actividad ilícita. Siete personas fueron detenidas por delitos relacionados con el funcionamiento de instituciones de seguridad, portación de armas prohibidas y distribución de agua sin permisos oficiales. La investigación reveló que estas redes operan con apoyo de sindicatos fachada, como USON, ACME, Los 300 y otros, además de comisariados ejidales y funcionarios públicos. Su modus operandi incluía la extracción no regulada del líquido, su potabilización deficiente y su venta a través de transportistas afiliados a estos grupos, quienes imponían sobreprecios de hasta 59% en comparación con las tarifas autorizadas. La distribución controlada por estas organizaciones dificultaba el acceso legal al agua, afectando a miles de habitantes que se veían obligados a comprar únicamente a transportistas de confianza de los ilícitos. El despliegue abarcó municipios como Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan, entre otros, en un esfuerzo por frenar la economía ilegal y recuperar el control del recurso hídrico en la región. La operación también sirvió para evidenciar cómo estas redes vulneran la soberanía del Estado, al integrar a funcionarios y sindicatos en esquemas de extracción y comercialización sin autorización. La diferencia entre el costo oficial y lo que pagan los usuarios refleja un mercado negro que genera ganancias ilícitas, dejando de lado recursos que podrían canalizarse a servicios públicos y campañas de saneamiento. Este levantamiento evidencia la importancia de fortalecer cont
Miércoles, 13 de mayo de 2026
