La evasión de un interno de alta peligrosidad en el Estado de México puso en duda la seguridad y los protocolos en los penales, generando cuestionamientos sobre posibles complicidades internas y vulnerabilidades estructurales.
La fuga de un interno condenado a 60 años por secuestro exprés en el Penal de Tenancingo, en el Estado de México, ha evidenciado graves deficiencias en la gestión penitenciaria estatal. La evasión ocurrió sin que existieran señales visibles en los controles nocturnos, en las cámaras de vigilancia o en los accesos del penal, lo cual ha generado dudas sobre la eficacia de los protocolos y la posible complicidad de personal interno. La omisión se detectó solo durante el pase de lista matutino, lo que ha provocado interrogantes sobre la supervisión durante la noche y las prácticas de seguridad en el centro penitenciario.
Este hecho ha desatado un operativo de búsqueda en la región y ha intensificado las protestas de la comunidad local, que reclama mayor transparencia y acción inmediata para prevenir futuros incidentes. La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene reserva sobre los detalles, pero las versiones de fuentes indican que la evasión no pudo haber ocurrido sin al menos una omisión grave o colaboración interna. La crisis en los penales mexiquenses, caracterizada por personal insuficiente, turnos excesivos y riesgos de corrupción, es un problema que ha sido señalado en múltiples ocasiones. La fuga en Tenancingo refuerza la solicitud de una auditoría externa que revise todos los protocolos de seguridad y la infraestructura del sistema penitenciario para evitar que eventos similares se repitan y para fortalecer el Estado de Derecho en la región.
Este incidente se suma a una serie de vulnerabilidades conocidas en los centros penitenciarios del Estado de México, donde la sobrecarga operativa y la falta de controles efectivos facilitan que internos de alto riesgo puedan evadir la vigilancia. La situación plantea un desafío urgente para las autoridades, quienes deben garantizar que los protocolos de seguridad sean efectivos y que los internos peligrosos no tengan oportunidad de escapar, en medio de un entorno que requiere profundas reformas para garantizar la seguridad pública y los derechos humanos.