La legislación busca fortalecer la protección de víctimas, establecer sanciones severas y promover una visión de género en la persecución de delitos sexuales.
El Congreso del Estado de México ha aprobado de manera unánime una reforma legal que aumenta las penas para los delitos de abuso y hostigamiento sexual, logrando establecer una sanción máxima de hasta 20 años de prisión. La iniciativa, presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, contempla también que estos delitos se persigan de oficio, garantizando una respuesta más efectiva por parte de las autoridades.
Esta reforma amplía el catálogo de conductas consideradas delitos sexuales, con especial énfasis en la protección de personas vulnerables y en la perspectiva de género, buscando erradicar la revictimización y favorecer entornos más seguros. Además, se reforzarán las sanciones para quienes actúen en espacios educativos o sean servidores públicos omisos ante denuncias, promoviendo la educación en contra de la violencia y la responsabilidad institucional.
Históricamente, el Estado de México ha enfrentado retos en la atención y sanción de delitos sexuales. La actualización de la legislación responde a la necesidad de responder con mayor dureza a estas conductas, que a menudo permanecen impunes, y al compromiso de las autoridades por garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las víctimas. La ley también señala que los agresores que actúen con violencia, en grupo o en lugares aislados, enfrentarán penas aumentadas, alcanzando incluso los 20 años, una de las penas más severas en la región.
Este cambio normativo representa un avance significativo en la legislación mexicana para combatir la violencia sexual, en un contexto donde la denuncia y la justicia deben ser accesibles y efectivas. La reforma posiciona al Estado de México como un ejemplo en la protección a las víctimas y en la lucha contra la impunidad en delitos sexuales, una problemática que sigue requiriendo atención integral desde todos los ámbitos sociales y legales.
Como contexto adicional, cabe destacar que esta legislación se enmarca en una tendencia internacional que busca fortalecer las leyes contra la violencia de género y promover políticas públicas que prioricen la protección de las mujeres y menores, considerando que la impunidad fomenta la persistencia de estos delitos en muchas comunidades.