La falta de recursos impide pagar a trabajadores y jubilados en tiempo y forma, generando movilizaciones y preocupaciones sobre la gestión financiera universitaria.
En Durango, un grupo de jubilados y personal de confianza de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) tomó las instalaciones del Edificio Central para exigir la cancelación del pago pendiente de sus aguinaldos. La movilización se produjo después de que, en múltiples reuniones, las autoridades educativas aseguraron contar con fondos suficientes para distribuir los recursos, una promesa que no se cumplió en la fecha establecida.
La discrepancia permaneció latente tras confirmaciones de que entre 15 y 30 millones de pesos aún eran necesarios para cubrir las disposiciones salariales, cifra que, según informes internos, aún no estaba disponible en las cuentas institucionales. La situación generó incertidumbre respecto a la planificación financiera del centro universitario, pues funcionarios señalaron que el retraso obedece a problemas en la gestión del tesoro universitario, con posibles inconsistencias en la ejecución presupuestaria.
Expertos en administración pública y finanzas advierten que estas dificultades reflejan una problemática más profunda en las instituciones educativas públicas, donde la falta de recursos y una gestión ineficiente suelen afectar los derechos laborales de los empleados, especialmente los de mayor vulnerabilidad como los jubilados. La Universidad enfrenta desafíos económicos que, si no se abordan de manera transparente, pueden comprometer la estabilidad de sus servicios y el bienestar de sus trabajadores.
Además, cerca de 200 personas, entre colaboradores de honorarios y de confianza, también quedaron sin su pago de fin de año, lo que aumenta la preocupación sobre el cumplimiento de obligaciones laborales en la institución. La comunidad universitaria exige respuestas claras y la implementación de mecanismos efectivos para garantizar el pago de prestaciones en los tiempos estipulados, en consonancia con la ley y el contrato colectivo.
En un contexto más amplio, esta situación evidencia las tensiones que enfrentan muchas instituciones públicas mexicanas en un entorno de recortes presupuestales y mayores exigencias administrativas. La protesta y las posibles acciones legales buscan poner de manifiesto la necesidad de una gestión financiera más responsable y de mayor transparencia en la distribución de recursos públicos destinados a la educación superior.