La utilización informal de sesiones virtuales en el Congreso ha puesto en entredicho la funcionalidad del órgano legislativo, requiriendo medidas claras para garantizar su operación efectiva.
En los últimos años, la modalidad de sesiones a distancia en el Congreso de México ha aumentado considerablemente, con registros que indican que hasta un 82% de las sesiones en comisiones se realizan en formatos virtuales o híbridos. Esta práctica, que inició durante la pandemia en marzo de 2020, fue implementada en un contexto de emergencia sanitaria y sin previo marco normativo claro para estas condiciones.
Originalmente, la ley establecía que la presencia física era necesaria para que los legisladores pudieran participar y votar en las sesiones legislativas. Sin embargo, la crisis sanitaria obligó a interpretar favorablemente la tecnología para facilitar la continuidad legislativa. La interpretación literal del término “concurrir”, definido por la Real Academia Española como “juntarse en un mismo lugar o tiempo”, permitió que las sesiones a distancia fueran consideradas válidas en determinadas circunstancias.
A pesar de ello, en la actualidad se observa un uso excesivo y, en algunos casos, inadecuado de estas modalidades, sin que exista una verdadera emergencia que justifique la virtualidad de los trabajos legislativos. Este fenómeno ha derivado en una merma en la efectividad del Congreso, afectando la rendición de cuentas y la constancia de los representantes ante sus obligaciones constitucionales.
Frente a esta situación, expertos y analistas advierten sobre la necesidad de establecer criterios precisos que delimiten cuándo corresponde aplicar sesiones virtuales o híbridas, además de sancionar a aquellos legisladores que evadan sus responsabilidades sin justificación aparente. La reconfiguración del funcionamiento del Congreso es fundamental para mantener la estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, especialmente en momentos complicados para el país.
El fortalecimiento de los mecanismos institucionales que regulan la operatividad del Poder Legislativo es fundamental para garantizar que sus funciones no se vean comprometidas, asegurando así el cumplimiento de los principios democráticos y constitucionales.