La decisión de la Corte de revisar fondos para víctimas genera controversia y cuestiona principios jurídicos establecidos en México.
En recientes resoluciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado un proceso que pone en duda el principio de cosa juzgada, una figura jurídica fundamental que impide volver a juzgar un asunto una vez que la sentencia es definitiva. Estas decisiones afectan directamente fondos destinados a víctimas de violencia y violaciones de derechos humanos, específicamente aquellos que fueron eliminados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que meses atrás fueron restablecidos por una comisión de ministros. Sin embargo, en noviembre de 2025, un nuevo fallo de la Corte revocó esta restauración, abriendo la puerta a reinterpretaciones que podrían afectar otras garantías constitucionales.
El fondo en cuestión fue creado en 2013 tras la aprobación de la Ley General de Víctimas, que estableció un mecanismo para brindar ayuda, asistencia y reparación integral a personas afectadas. La reducción o eliminación de estos recursos ha tenido consecuencias directas sobre familias y colectivos que dependen de estos fondos para trámites legales, atención médica y actividades de búsqueda de desaparecidos. La postura de expertos y organizaciones de derechos humanos advierte que estas decisiones no solo impactan en la protección de las víctimas, sino que también representan un retroceso en la protección de derechos constitucionales. La controversia refleja una tensión entre las interpretaciones jurídicas y los derechos sociales y colectivos en México.