La Suprema Corte la protección del presupuesto federal prioriza sobre la indemnización de una familia afectada por expropiaciones en Coahuila, generando controversia legal y social.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que impide a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) realizar un pago superior a 63.9 millones de pesos a una familia de Torreón, Coahuila, cuyos terrenos fueron expropiados por el gobierno federal para proyectos de desarrollo. La decisión se produce en medio de un proceso judicial que buscaba garantizar la indemnización correspondiente a los legítimos propietarios, herederos de una propiedad que ha sido conservada por generaciones.
Este fallo fue impulsado por la ministra Lenia Batres, quien propuso devolver el caso al juez de distrito para revisar la legalidad del avalúo y evitar el cumplimiento inmediato del pago. La postura de Batres prioriza la protección del presupuesto federal y las consideraciones legales por encima de la resolución que reconocía el derecho de la familia a recibir su indemnización, establecido en procedimientos previos y amparos logrados en tribunales.
Históricamente, la familia Ayala reclama la compensación por las tierras expropiadas en 2018, cuando la autoridad ocupó de manera definitiva las 423 hectáreas conocidas como Las Noas, en una acción que generó múltiples litigios. En 2019, un tribunal ordenó continuar con el proceso de pago, y en 2021, durante la administración del expresidente López Obrador, el monto inicial fijado por las autoridades fue de 385 millones de pesos. Sin embargo, tras la reciente resolución, el caso se encuentra en una etapa de análisis judicial que podría dilatar aún más la indemnización.
El debate refleja una tensión entre la protección del patrimonio de particulares y la gestión de recursos públicos en el contexto de la justicia y la expropiación, donde la postura de Batres busca equilibrar el cumplimiento legal con la preservación del dinero público ante posibles riesgos de responsabilidades fiscales y políticas relacionadas con las expropiaciones de tierras.