La dependencia de las carpetas de investigación para medir la violencia impide conocer el verdadero impacto del delito en el país, debido a procesos de clasificación discrecionales y subregistro. La medición oficial de homicidios en México se basa únicamente en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, una metodología que presenta importantes limitaciones y puede distorsionar la percepción de la violencia en el país. Para que un cuerpo sea incluido en las estadísticas, debe atravesar un proceso complejo que involucra la localización, denuncia, apertura de expediente y clasificación formal, pasos que no siempre se cumplen o se manipulan según intereses institucionales o políticos. Este sistema otorga un poder discrecional considerable a las fiscalías para determinar cómo se registran los casos, lo que puede resultar en la reclasificación de homicidios dolosos como culposos o en omisiones que impiden reflejar la verdadera magnitud del problema. La falta de protocolos uniformes entre los 32 estados exacerba las diferencias y obstáculos en el proceso de registro, dejando fuera de las cifras muchas formas de violencia extrema, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Además, las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en la violencia en estados con alto nivel de conflicto, como Guanajuato o el Estado de México, aún cuando las percepciones ciudadanas y reportes de medios revelan un panorama mucho más complejo y violento. La brecha entre la realidad del territorio y los datos institucionales es resultado de estas prácticas metodológicas, que se utilizan también con fines propagandísticos al comparecer cifras en periodos selectivos para mostrar reducciones ficticias. Para enfrentar estas limitaciones, expertos proponen un sistema de indicadores complementarios que integren hallazgos forenses, datos de desapariciones y encuestas de victimización, así como auditorías independientes para garantizar mayor transparencia y pre
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