Ciudad Juárez, Chihuahua. – La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) afirma tener el control del Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez, tres años después de un violento motín, masacre y fuga masiva ocurrida el 1 de enero de 2023. La dependencia destaca la implementación de más herramientas para la reinserción social, ampliación de espacios, revisiones constantes que resultaron en el decomiso de objetos prohibidos, y una presunta gobernabilidad en los penales estatales como su balance.
Sin embargo, las investigaciones sobre los delitos relacionados con dicho evento, perpetrado por el grupo criminal “Mexicles”, permanecen estancadas. Un juez local confirmó el sobreseimiento de la causa penal relacionada, y no se ha informado sobre la suspensión o expulsión de elementos de la SSPE vinculados directamente con los hechos. La investigación que seguían agentes en Juárez fue trasladada a la capital del estado por órdenes del fiscal general, César Jáuregui, asignándola a la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación.
Manuel Salas, titular del Ministerio Público estatal en Ciudad Juárez, confirmó el traslado de la carpeta de investigación a la capital del estado, indicando que la trascendencia del caso motivó la decisión del fiscal general. David Flores Carrete, director general de asuntos internos y quien supuestamente está a cargo de la investigación en Chihuahua, no respondió a solicitudes de información de este medio.
La madrugada del 1 de enero de 2023, 26 reos, liderados por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, líder de los “Mexicles”, protagonizaron una fuga del Cereso 3. El evento, que incluyó una fiesta con armas, drogas y alcohol dentro del penal, derivó en un ataque que cobró la vida de 10 custodios y siete reos, además de dejar a varios lesionados. En ese entonces, los penales estatales estaban bajo la administración de la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que pasó a la SSPE el 31 de enero de ese mismo año.
Hasta la fecha, solo se imputó a Braulio Raúl Ornelas Contreras, operador financiero de los Mexicles, por la evasión, pero fue asesinado en noviembre de 2024 en un penal federal. Fue hasta abril de 2025 que el Tribunal Superior de Justicia informó públicamente sobre el sobreseimiento de la causa penal 523/2023, al no haber un acusado que perseguir. Aunque la FGE argumentó un sobreseimiento parcial, aún no hay más imputados, a pesar de que solo dos de los 26 reos evadidos siguen en libertad, mientras que el resto fueron abatidos, asesinados por otros grupos criminales o recapturados.
Paralelamente a la aparente inacción en las investigaciones, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, aseguró que se ha mantenido una política de “mano dura” en el sistema penitenciario. Se ha trabajado en mejorar las condiciones, la seguridad y la infraestructura de los Ceresos, además de realizar revisiones periódicas para detectar objetos prohibidos. Loya Chávez también señaló que a través del trabajo remunerado, las personas privadas de la libertad han dejado de ser una carga para el Estado y ahora apoyan a sus familias. Respecto a las investigaciones, afirmó que no es su área de enfoque, pero confía en que se impartirá justicia en memoria de los fallecidos y en beneficio de sus familias. Añadió que existen carpetas de investigación en la Subsecretaría de Asuntos Internos, la Fiscalía General del Estado y el órgano interno de control, y que él mismo dialoga con el fiscal general y el secretario de la Función Pública para dar seguimiento a los avances.