Chihuahua, Chihuahua. – Un reciente posicionamiento en redes sociales está generando debate sobre la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad realizados por fuerzas federales. Este cuestionamiento resalta el marco legal que rige la coordinación entre niveles de gobierno.
El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades exclusivas del Senado, que no incluyen la citación de autoridades estatales. Por su parte, el artículo 93 aclara que las Cámaras del Congreso solo pueden convocar a Secretarios de Estado y otros funcionarios federales, no a líderes estatales, lo que limita su control político a instancias federales.
Cuando los operativos de seguridad involucran a fuerzas como el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad de esos actos recae en autoridades federales. Esta dinámica se encuentra regulada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que define la competencia del Estado en la materia. El narcotráfico, al ser un delito federal, es manejado principalmente por la Fiscalía General de la República, lo que implica que cualquier requerimiento de información pertinente debe dirigirse a estos niveles.
Citar a un Gobernador o a un Fiscal estatal para justificar decisiones relacionadas con operativos federales podría vulnerar la soberanía de las entidades federativas. El pacto federal establece un respeto a las competencias diferenciadas entre la Federación y los gobiernos estatales. Por lo tanto, es fundamental que el Senado se ajuste a su marco constitucional y dirija sus solicitudes de información a los mandos federales responsables de la seguridad.
El futuro de este debate dependerá de la interpretación que el Senado haga de sus propias facultades en el contexto de la seguridad nacional, lo que podría influir en la relación entre los diferentes niveles de gobierno en México.