Legislación aprobada en el Congreso de la Unión genera controversia por retrasos en Conagua y posibles prácticas corruptas en repartición de derechos de agua.
La reciente aprobación de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales en México ha suscitado preocupación por su impacto en la gestión hídrica del país. La normativa mantiene intacto el artículo 22, que prohíbe la reasignación de derechos de pozos, pero introduce un nuevo procedimiento que involucra a un comité técnico del Fondo Nacional de Reserva de Aguas, compuesto por varias secretarías.
Este cambio ha generado inquietudes respecto a la eficiencia de la autoridad en la resolución de solicitudes, especialmente en regiones como Chihuahua, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfrenta actualmente más de 27,000 trámites pendientes. La lentitud en la atención a estos procesos aumenta el riesgo de que se produzcan prácticas corruptas, incluyendo solicitudes de sobornos, conocidas como “moches”, para agilizar permisos.
El retraso y la sobrecarga de trabajo en Conagua evidencian la necesidad de modernizar los mecanismos administrativos y fortalecer la transparencia en la administración del recurso hídrico, que constituye un bien fundamental para comunidades agrícolas y rurales. La gestión eficiente y transparente del agua es vital en un contexto de aumento de la demanda y cambio climático, por lo que estos cambios legislativos deberían acompañarse de medidas que garanticen su correcta implementación.
Desde la perspectiva del contexto histórico, la administración del agua en México ha sido un tema delicado debido a su importancia económica y social. La recientes polémicas reflejan la urgencia de modernizar las instituciones encargadas y garantizar un marco legal que facilite el acceso, regulación y protección eficiente de este recurso esencial.