El Congreso local ajusta las sanciones por extorsión, elevando las penas mínimas y poniendo en marcha medidas más severas para funcionarios públicos.
En un esfuerzo por reforzar la seguridad y justicia en Chihuahua, las autoridades legislativas aprobaron una reforma a la Ley de Extorsión que incrementa significativamente las penas para los delitos relacionados. La modificación establece un rango mínimo de 15 a 25 años de prisión, con posibilidad de alcanzar hasta 42 años en casos agravantes, además de sanciones más estrictas para los funcionarios públicos implicados en actividades delictivas. Este ajuste responde a la necesidad de contar con un marco legal más robusto que permita disuadir y sancionar con mayor severidad las prácticas extorsivas que afectan a familias, empresarios y comunidades en la región.
El proceso Legislativo fue marcado por debates sobre la relevancia de mantener castigos que reflejen la gravedad del delito. La iniciativa, que previamente enfrentó resistencia en algunos sectores, fue revisada y modificada tras su paso por el Senado de la República, garantizando una uniformidad en las condenas en todo el país. La importancia de esta reforma radica en su potencial para reducir los casos de extorsión y fortalecer la protección de las víctimas, en un contexto donde esta problemática ha tenido un impacto social y económico relevante. Además, la iniciativa busca enviar un mensaje firme en contra de la impunidad, fortaleciendo el estado de derecho en la región.