Productores buscan frenar reformas que consideran riesgo para la tenencia y uso sustentable del agua, alertando sobre amenazas a la economía rural local. La comunidad agrícola de Chihuahua está movilizándose para detener la aprobación de una reforma a la Ley General de Aguas que, según sus dirigentes, pone en peligro la seguridad jurídica y la continuidad del trabajo en el campo. Este movimiento surge tras la preocupación de que la legislación propuesta centralice el control del agua en manos de las autoridades federales, eliminando derechos propios de los productores y favoreciendo posibles expropiaciones o restricciones que afectarían sus actividades. Actualmente, los agricultores están en constante contacto con otros productores de estados como Sinaloa, Sonora y Baja California, para ampliar el movimiento de oposición y presionar a los legisladores para que prioricen los intereses del sector rural. La tensión se intensifica por el riesgo de que la ley limite derechos adquiridos, elimine la posibilidad de heredarlos y aumente las sanciones por incumplimiento, incluyendo multas elevadas y penas de cárcel. Además, se denuncia que la insuficiente estructura de inspección en la entidad, con solo cinco inspectores en todo Chihuahua, dificulta la supervisión eficaz y exacerba los pendientes administrativos en la Conagua. Expertos alertan que la reforma podría consolidar una gestión del agua que margina a las comunidades productoras, afectando su patrimonio y la seguridad alimentaria regional. La propuesta también contempla mecanismos de reasignación y disposición del recurso que, sin un reglamento claro, generan desconfianza y temor a medidas despoticáneas, poniendo en riesgo tanto los derechos históricos como la sostenibilidad del sector agrícola en la zona. El movimiento agrícola chihuahuense insiste en que el cumplimiento de la ley vigente, que regula el uso del agua, debe ser reforzado en lugar de reemplazarse con nuevos esquemas que, consideran, solo beneficiarían
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