La Justicia Federal de Chihuahua interveniene para detener tratos crueles y garantizar derechos de Santos Nájera Ávila, quien enfrenta condena por feminicidio y es señalado por delitos vinculados a organizaciones criminales.
La Justicia Federal en Chihuahua emitió una orden para detener actos de tortura y trato inhumano en agravio de Santos Nájera Ávila, quien actualmente cumple una condena de 30 años por feminicidio desde 2017. La medida responde a una denuncia por parte del propio recluso, quien señaló que en diferentes centros penitenciarios se le ha aislado de manera que viola sus derechos constitucionales, además de ser víctima de acciones que podrían constituir tortura, como la introducción de objetos que generan humo e dificultan su respiración, pese a tener un diagnóstico de asma.
Nájera Ávila fue trasladado en junio pasado entre distintos penales en Chihuahua, en medio de un conflicto interno entre integrantes de la agrupación criminal conocida como “Artistas Asesinos”, a la que se le atribuyen múltiples delitos de violencia y homicidio en la región. La misma semana de su traslado del Centro de Reinserción Social de Juárez al penal número 1 en Aquiles Serdán, ocurrió un movimiento adicional a Guachochi, donde fue sometido a condiciones deplorables y sin la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados.
El fallo judicial ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad que prive de comunicación o utilice tratos crueles, además de una revisión médica que confirmó que Nájera Ávila no presenta daños físicos tras las acciones denunciadas. Sin embargo, su defensa ha presentado evidencia de amenazas y posibles amenazas de muerte en su contra, y ha solicitado investigaciones sobre el posible uso de la tortura y la manipulación de información en su contra.
Especialistas en derechos humanos enfatizan que la vulnerabilidad de los reclusos con enfermedades preexistentes requiere de un monitoreo riguroso para evitar abusos y garantizar su integridad física y emocional, especialmente en contextos de alta violencia y presencia de organizaciones criminales en el sistema penitenciario.
Este caso destaca la importancia de fortalecer los controles institucionales dentro de las penitenciarías y garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos, aún en medio de las complejidades que enfrentan los sistemas de justicia y seguridad en México.