Legisladores y productores alertan sobre riesgos para el sector agrícola ante una reforma centralizadora y recortes presupuestales.
En una reciente sesión de la Cámara de Diputados, se debatió una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que ha generado rechazo en sectores agrícolas de Chihuahua. La propuesta centraliza decisiones sobre el uso del recurso hídrico, lo que preocupa a los productores locales, quienes consideran que sus derechos podrían verse afectados y que la participación regional se reduce sustancialmente. La propuesta también modifica procedimientos administrativos, lo que podría criminalizar errores de los agricultores, una medida vista como un riesgo para la actividad productiva en la región.
Chihuahua, una de las entidades más afectadas por la sequía en México, enfrenta además recortes en el presupuesto destinado a mejorar infraestructura hídrica, tecnificación y mecanización agrícola, lo que exacerba la crisis de producción. La desaparición de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, organismo clave en la asistencia técnica y apoyo a los productores, agrava aún más la situación. La resistencia en el estado refleja una preocupación profunda por la seguridad jurídica y el futuro del sector agrícola, especialmente en un contexto de crisis hídrica y económica.
El análisis de expertos indica que estas reformas, si se implementan sin un diálogo amplio, podrían debilitar la sustentabilidad del campo y la economía local. La oposición insiste en la necesidad de mantener un marco que respete los derechos de los productores y que permita una gestión del agua más participativa, en línea con las demandas de las comunidades agrícolas más afectadas por el cambio climático.