La reforma federal centraliza el control del agua, afecta a productores y agrava la crisis hídrica en el estado, alertan especialistas y autoridades locales.
La implementación de la reciente reforma en la Ley de Aguas Nacionales ha incrementado las alarmas en Chihuahua, debido a que fortalece el control centralizado sobre los recursos hídricos. La modificación elimina la posibilidad de transmitir derechos de concesión entre usuarios, incluso entre miembros de una misma familia, y obliga a resolver cualquier trámite en un comité en la Ciudad de México, lo que podría derivar en mayores trámites y decisiones discrecionales. Estas medidas han sido criticadas por aumentar la burocracia y facilitar presiones externas, además de vulnerar principios constitucionales de no retroactividad. La situación de sequía en el estado, que depende en su mayoría de acuíferos sobreexplotados, pone en riesgo el abastecimiento urbano y agrícola. En 2023, no se autorizó el uso de agua superficial en proyectos de riego, anticipando un ciclo agrícola con restricciones en 2026. Autoridades y expertos llaman a una acción coordinada para enfrentar la crisis y subrayan que el problema no es exclusivo de Chihuahua, sino que afecta también a Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otras entidades del norte del país.