Expertos advierten que la reforma fortalece la gestión federal y pone en riesgo derechos de productores y comunidades ante una crisis hídrica en el país. La reciente reforma a la legislación de aguas nacionales ha generado inquietud en diversos sectores debido a su enfoque en un control centralizado del recurso hídrico. La nueva normativa elimina la posibilidad de transmitir derechos de concesión, incluso entre familiares, y requiere que cualquier trámite de transferencia se resuelva en un comité en la Ciudad de México. Esto podría facilitar trámites más largos, decisiones discrecionales y presiones externas, afectando directamente a productores agrícolas y comunidades locales. Además, la reforma ha sido señalada por expertos como una vulneración al principio constitucional de no retroactividad, lo que genera incertidumbre jurídica. La preocupación aumenta en un contexto donde varias regiones del país enfrentan una grave crisis hídrica. En ciudades como Chihuahua, la sobreexplotación de acuíferos y la falta de recursos en presas principales anticipan un ciclo agrícola difícil en 2026, afectando también el consumo urbano y rural. Para entender la magnitud del problema, hay que considerar que diversos estados del norte y centro del país ya presentan niveles críticos en sus recursos de agua subterránea. La coordinación entre autoridades, productores y comunidades es esencial para hacer frente a esta crisis que, según analistas, no solo requiere políticas adecuadas, sino también un enfoque integral que garantice un acceso equitativo y sustentable al recurso. El llamado a la unión y a la acción conjunta se hace evidente, puesto que la problemática del agua afecta a una gran parte de la población y exige una gestión responsable y transparente, ante un escenario de recursos cada vez más limitados y una normativa que, según expertos, podría complicar aún más la recuperación de los recursos naturales.
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