Conductores de plataformas de transporte enfrentan sanciones y buscan ampliar la legalidad de sus servicios en aeropuertos federales.
En los últimos días, autoridades federales han impuesto multas que alcanzan los 56 mil pesos a conductores de Uber que operan en el aeropuerto de Chihuahua, bajo el argumento de prestar servicios en zonas federales sin autorización. Uno de los casos destacados fue el de un conductor identificado como Ángel Flores, cuyo vehículo fue asegurado y retenido por varias horas, además de recibir una sanción económica de gran cuantía. La situación genera debate, ya que las plataformas de movilidad buscan ampliar sus operaciones en los aeropuertos del país, argumentando que las regulaciones actuales limitan el derecho de los conductores a ofrecer opciones de transporte competitivas y seguras. Ante esta problemática, representantes políticos han anunciado iniciativas para reformar la legislación, promoviendo un marco legal que permita brindar servicios de traslado en aeropuertos sin persecuciones ni sanciones excesivas. Además, se enfatiza la necesidad de respetar las resoluciones judiciales que favorecen a estas plataformas, garantizando así la movilidad y la seguridad jurídica tanto de conductores como de pasajeros. La controversia refleja un interés creciente por equilibrar las regulaciones con el derecho a elegir diferentes opciones de transporte en espacios federalmente controlados.