A pesar de una protección legal otorgada, las autoridades realizaron operativos contra conductores de Uber en el aeropuerto de Chihuahua, generando controversia.
En un escenario que pone en tensión los derechos de los conductores de transporte por aplicación en México, las autoridades del Aeropuerto de Chihuahua llevaron a cabo operativos que culminaron en multas y decomisos a vehículos de Uber, a pesar de que un amparo otorgado recientemente protege a sus conductores de ser detenidos en estas instalaciones. La medida cautelar, concedida por la Tercera Sala del Tribunal Administrativo, establece un resguardo legal para los conductores en espacios federales aeroportuarios, incluyendo Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras se define la situación jurídica del servicio.
A lo largo de los últimos años, Uber ha sostenido que su actividad es legal en el país y ha enfrentado diversas disputas legales sobre la regulación del transporte privado. La protección judicial busca evitar que las autoridades federales detengan a conductores en condiciones que podrían vulnerar sus derechos, considerando además la importancia de plataformas digitales en la movilidad urbana moderna. Sin embargo, denuncias ciudadanas reportaron presencia de grúas en el aeropuerto con el fin de multar y decomisar autos que operan bajo la plataforma, incrementando la tensión en torno a la legalidad de estas acciones durante el proceso judicial.
El conflicto revela la complejidad de la regulación del transporte en México, donde la ley aún se debate entre el reconocimiento de nuevas formas de movilidad y las reglas tradicionales del transporte público. La protección otorgada a los conductores busca fomentar un marco legal más claro, mientras las autoridades enfrentan presiones para cumplir con normativas existentes y garantizar la seguridad. La resolución final dependerá de los procesos judiciales en curso, pero en tanto, la situación genera incertidumbre tanto para los conductores como para los usuarios de estos servicios.