La oposición critica el silencio del gobierno federal ante el acrecentamiento de concentraciones ilícitas del recurso hídrico por integrantes del partido oficial, resaltando conflictos de interés en cargos públicos.
En un contexto de creciente preocupación por la gestión del agua en Chihuahua, se ha intensificado el debate sobre la concentración y posible uso ilegal del recurso hídrico por parte de familiares de funcionarios y políticos asociados a Morena. La problemática se agudizó tras revelaciones sobre concesiones que acumuló una familia vinculada a la política local, las cuales habrían permitido la retención de aproximadamente 47 millones de metros cúbicos de agua, principalmente entre 2013 y 2015, período en el cual uno de sus miembros fungió como funcionario en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Este volumen, considerado ilegal, ha privado a varias comunidades de su suministro básico y ha contribuido a la severa sobreexplotación de acuíferos en la región, un fenómeno que amenaza la sostenibilidad de los recursos hidrológicos en el estado. La respuesta de las autoridades federales ha sido vista como insuficiente, pues pese a tener conocimiento de estas irregularidades, no se han emprendido acciones concretas, lo que alimenta cuestionamientos sobre posibles intereses políticos y conflictos de interés entre funcionarios públicos y familiares cercanos a Morena.
Desde la oposición, la regidora de Acción Nacional, Isela Martínez Díaz, ha señalado que las autoridades deben actuar con responsabilidad y transparencia, en especial en un contexto donde las grandes concentraciones de agua por familias vinculadas a la política generan desigualdad y afectan a los productores locales. Además, ha señalado la relación de una diputada local de Morena con uno de los implicados en las concesiones, destacando que este conflicto de interés perjudica la legitimidad de las gestiones públicas y la protección del recurso para el desarrollo social.
La situación evidencia la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión del uso del agua en Chihuahua, un recurso vital cuya gestión impacta directamente en la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades. La crisis de sobreexplotación enfrentada por el estado cobra mayor relevancia en un contexto nacional donde el cambio climático y el crecimiento poblacional exigen decisiones responsables y transparentes en la administración de recursos naturales.
Como antecedente, la problemática de concentraciones ilegales y el uso político del agua en distintas regiones mexicanas refleja una tendencia persistente que requiere atención urgente desde las instancias gubernamentales y la sociedad civil. La gestión eficiente y justa del agua continúa siendo uno de los mayores desafíos para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en el país.