Agricultores denuncian que la nueva normativa centraliza el control del agua en el gobierno y dificulta la subsistencia del sector rural.
En un contexto de preocupaciones por la sustentabilidad y la equidad en la gestión del recurso hídrico, agricultores y representantes del sector rural expresan su inquietud ante la implementación de una reciente Ley de Aguas Nacionales. La normativa busca centralizar la administración del agua en el gobierno federal, lo que para los productores representa una amenaza a su capacidad de acceso y uso del recurso vital. La imposibilidad de transmitir concesiones y las restricciones al uso agrícola están generando una profunda incertidumbre, poniendo en riesgo la supervivencia de pequeños productores en varias regiones del país.
Desde 2018, las intervenciones regulatorias y las políticas públicas han afectado gradualmente la economía rural, con medidas que limitan el acceso a programas de apoyo y reducen la flexibilidad en la gestión del agua. En sectores como Chihuahua, uno de los estados más afectados por la sequía persistente en los últimos años, la falta de recursos hídricos ha provocado la cancelación de ciclos agrícolas y la disminución de cultivos, afectando a comunidades enteras que dependen del sector.
Expertos señalan que limitar la transmisión de derechos y dificultar el mercado de concesiones reduce el valor de las tierras agrícolas, lo que puede disminuir la inversión y el desarrollo en zonas rurales. La presión por mantener un equilibrio entre la conservación del recurso y el apoyo a los productores es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la economía campesina del país.
En respuesta, los agricultores han señalado la necesidad de que sus voces sean escuchadas en los espacios de decisión legislativa, advirtiendo que la aprobación de esta ley podría traducirse en la pérdida de patrimonio agrícola y en el debilitamiento del sector productivo local y nacional.