La propuesta legislativa, aprobada por mayoría, viola derechos constitucionales indígenas y fue impulsada sin su participación, generando controversia.
Este miércoles 3 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley en materia de gestión de aguas con 328 votos a favor y 131 en contra, sumando la oposición de ciertos bloques parlamentarios. La decisión fue tomada sin realizar consultas previas a las comunidades indígenas y sectores afectados, un requisito establecido por la Constitución mexicana para decisiones que impactan a estos pueblos.
Expertos en derechos humanos y legisladores han señalado que la legislación incumple el Artículo 2 constitucional, que garantiza a los pueblos originarios la obligación de ser consultados de forma previa, libre e informada. La omisión de estos procedimientos refleja una toma de decisiones centralizada que ignora las voces de campesinos, agricultores y comunidades indígenas que enfrentan afectaciones directas.
Asimismo, las controversias alrededor de la ley se intensifican en el contexto de recientes protestas en diversas entidades, donde los afectados denunciaron saqueo y desatención, especialmente en zonas con escasez de recursos hídricos. La escasez en el territorio de Chihuahua —a pesar de lluvias recientes—, ejemplifica las dificultades en la gestión del recurso frente a un entorno de cambios climáticos y demandas crecientes.
La comunidad política y social ahora enfrenta el reto de luchar por la protección de los derechos indígenas y la transparencia en la elaboración de normativas, recurriendo a mecanismos legales y a la movilización social para que las decisiones públicas sean justas y constitucionales.