La reforma legal, que sanciona el delito con 6 a 15 años de cárcel, podría beneficiar a más de 600 personas en varias entidades, generando debates sobre seguridad y justicia.
Una modificación en la legislación contra la extorsión en México podría impactar significativamente el sistema penitenciario, especialmente en estados con penalidades más altas como Chihuahua. La reforma propone un artículo que sanciona este delito con penas que oscilan entre 6 y 15 años de prisión, con aumentos en casos de agravantes. Sin embargo, al aplicar principios de retroactividad, a estas disposiciones podrían acogerse al menos 600 sentenciados en diversas entidades, incluyendo Chihuahua, Baja California, Morelos y Quintana Roo. Se estima que alrededor de 90 personas en Chihuahua podrían obtener su libertad inmediata si la ley entra en vigor en la forma prevista, tras cumplir un mínimo de 15 años en prisión. Este escenario ha generado controversia, sobre todo en relación con quienes consideran que la reforma favorece a delincuentes. La discusión también giró en torno a las modificaciones en las penas propuestas por algunos grupos parlamentarios, que buscan reducir los castigos en beneficio de ciertos individuos vinculados con organizaciones criminales, lo que ha suscitado alertas sobre el posible impacto en la seguridad pública. En los próximos días, se anunciarán acciones legales y consultas sociales para esclarecer el alcance de estos cambios y proteger el interés ciudadano.