La persecución judicial y el debate público en torno a César Duarte y la gobernadora Maru Campos evidencian una estrategia electoral que amenaza la justicia efectiva.
En el contexto de una política cada vez más marcada por disputas de poder, Chihuahua se encuentra en medio de una campaña adelantada que trasciende los procesos electorales tradicionales. La vinculación a proceso de César Duarte, exgobernador priista, por delitos de lavado de dinero, ha sido utilizada por actores políticos como una herramienta más en la lucha por influir en el escenario rumbo a las elecciones de 2027. La decisión judicial, que mantiene al expresidente en prisión preventiva, refleja un avance en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el uso de estas causas como munición política distorsiona las prioridades y pone en riesgo la percepción de justicia imparcial.
A estos antecedentes se suma la polémica sobre las acusaciones contra la gobernadora Maru Campos, quien no está imputada ni vinculada a proceso, pero enfrenta señalamientos que parecen más una estrategia para desgastarla políticamente. La insinuación de una nómina secreta que vincularía a Campos con Duarte, sin pruebas públicas, alimenta la tensión política y desdibuja la línea entre justicia y confrontación electoral.
La relevancia de este escenario trasciende Chihuahua, pues refleja una tendencia en diversos estados donde la justicia se convierte en arma para campañas políticas, poniendo en entredicho el Estado de derecho. La creciente sospecha de un uso selectivo de las instituciones judiciales para favorecer ciertos intereses políticos genera preocupación en ámbitos democráticos y judiciales, y pone a prueba la independencia de los órganos encargados de impartir justicia.
En el análisis de estos movimientos postula la interrogante de cuánto está en juego realmente: si se busca la justicia efectiva o una estrategia para consolidar un escenario favorable a ciertos actores políticos a costa de la legitimidad institucional. La historia reciente indica que, cuando la ley se instrumentaliza con fines políticos, las instituciones pierden credibilidad y el riesgo de una polarización aún mayor se vuelve inminente.