Chihuahua, Chihuahua. – El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, Alan Falomir Sáenz, aclaró que las observaciones derivadas de la fiscalización a la Cuenta Pública 2024 corresponden exclusivamente a particulares y no al organismo operador. Las denuncias promovidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) se originan por la falsificación de documentación fiscal presentada por proveedores.
Falomir Sáenz explicó que la auditoría determinó la promoción de tres denuncias penales por presunto fraude procesal, todas dirigidas contra particulares que alteraron o presentaron opiniones fiscales apócrifas para acceder a contratos públicos. Aseguró que no existe señalamiento alguno contra servidores públicos de la JMAS.
“Las denuncias no son contra la Junta Municipal, son contra los particulares. En el organismo no tenemos absolutamente nada que ver con la falsificación de documentos; actuamos bajo un principio de buena fe como lo marca la ley”, señaló el director.
Según informes de la Auditoría Especial Forense, las irregularidades detectadas en la documentación de tres proveedores durante procesos de contratación en 2024 motivaron las denuncias. En un caso, una empresa presentó una opinión de cumplimiento fiscal con un código QR que redirigía a los datos de otra empresa. En otro, un proveedor de servicios de difusión radiofónica mostró inconsistencias en su opinión fiscal. El tercer caso involucra a un proveedor de herramientas con fallas en la validación de su código QR y discrepancias en la fecha del documento.
Falomir Sáenz subrayó que la JMAS no tiene facultades para verificar la autenticidad de documentos emitidos por instancias federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su obligación se limita a solicitar la opinión positiva de cumplimiento fiscal, y los particulares la presentan bajo protesta de decir verdad.
“La ley no nos obliga ni nos permite ir más allá. Nosotros no somos un ente fiscalizador; solicitamos la documentación que marca el procedimiento y los particulares la presentan bajo protesta de decir verdad. Si esos documentos resultan falsos, es un acto completamente ajeno al organismo”, explicó.
Destacó que, por esta razón, la auditoría no impuso sanciones a la JMAS ni a sus funcionarios, reconociendo que la responsabilidad recae en los proveedores que incurrieron en la falsificación de documentos. Adicionalmente, la ASE identificó una acción administrativa relacionada con un contrato de reposición de pavimento, la cual Falomir Sáenz calificó como un ajuste financiero derivado del esquema operativo, con un remanente del anticipo ya reintegrado en su mayor parte.
El director ejecutivo precisó que las auditorías a la JMAS concluyeron hace meses y las observaciones restantes son aspectos menores en proceso de atención. Recordó que el Órgano Interno de Control (OIC) participa en todos los procesos, pero tampoco tiene atribuciones para fiscalizar la autenticidad de documentos fiscales federales.
“No es una facultad de la Junta ni del órgano de control. La responsabilidad es del particular que presenta la documentación. Nosotros cumplimos con lo que la ley nos exige”, reiteró. La JMAS mantiene su disposición para atender cualquier requerimiento adicional y asegura operar bajo principios de legalidad y transparencia.