La nueva ley busca eximir de la pena a personas vulnerables, incluyendo a madres y adultos mayores con condiciones de salud graves, bajo condiciones específicas. En Chihuahua, se contempla la posibilidad de otorgar beneficios de indulto a aproximadamente 111 personas privadas de la libertad, en su mayoría adultos mayores con condiciones que afecten su salud y dignidad. La iniciativa, impulsada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, busca ofrecer una oportunidad a quienes enfrentan deterioro físico, enfermedades degenerativas o condiciones terminales. Entre los beneficiarios potenciales también se incluyen cerca de 30 madres de familia, muchas de ellas con hijos menores de 14 años o en condiciones que justifican la protección especial. Este proyecto de ley responde a la necesidad de humanizar las políticas penitenciarias, priorizando el bienestar y la dignidad de los internos en situación vulnerable. La normativa establece criterios específicos, como la salud grave, edad superior a 70 años, o la presencia de discapacidad y dependencia, para identificar a quienes podrían acceder a este beneficio. La autoridad judicial será la encargada de evaluar cada caso individualmente, asegurando que la decisión esté sustentada en un análisis rigurosos. Es importante destacar que la Ley de Indulto forma parte de un esfuerzo más amplio por promover la justicia social y reducir la población penitenciaria en condiciones inadmisibles. La legislación en Chihuahua busca equilibrar la justicia con la protección de los derechos humanos, atendiendo las particularidades de cada situación. La aprobación de esta normativa representa un paso en esa dirección, promoviendo una visión más integral y compasiva del sistema penitenciario. Estas acciones se inscriben en un contexto nacional donde la protección de los derechos de los grupos vulnerables y la justicia social adquieren cada vez mayor relevancia, especialmente en temas relacionados con las instituciones penitenciarias y la dignid
Temas: