La iniciativa, promovida por la gobernadora Maru Campos, busca ampliar los delitos excluidos del beneficio y establecer criterios precisos para su otorgamiento.
Este 22 de octubre, las y los legisladores de Chihuahua votarán en sesión extraordinaria la propuesta de Ley de Indulto, una reforma impulsada por la gobernadora Maru Campos que busca modificar y derogar elementos del Código Penal del estado. La iniciativa permitirá al Ejecutivo otorgar indultos en casos específicos, principalmente a personas sentenciadas por delitos menores o en circunstancias de vulnerabilidad, como enfermedades terminales, condiciones graves de salud o edad avanzada.
El proyecto introduce además la creación de un comité técnico conformado por distintas dependencias estatales, para evaluar cada solicitud y asegurar que el beneficio no represente riesgos para la sociedad o las víctimas. Se priorizará un análisis individualizado, considerando factores socioeconómicos, la conducta del reo y el impacto social del delito. En casos donde la persona haya sido condenada por delitos graves como feminicidio, secuestro o corrupción, el indulto no será concedido. La medida busca equilibrar la justicia y la reinserción social, atendiendo a las particularidades de cada caso y a necesidades sociales emergentes. La discusión ha generado interés por su potencial impacto en el sistema penitenciario y en la atención a grupos vulnerables dentro del Estado.
Este proceso legislativo también responde a un contexto más amplio en México, donde las reformas sobre indultos y libertades condicionales son temas recurrentes, con un creciente debate en torno a la justicia restaurativa y los derechos humanos en el sistema penal.