Legisladores de Morena, PT y Verde Mexican aprobaron la reforma hídrica pese a protestas y promesas incumplidas de diálogo con campesinos.
El pasado 3 de noviembre, las cámaras legislativas mexicanas dieron luz verde a un nuevo marco legal en materia de gestión del recurso hídrico, con el apoyo de las bancadas mayoritarias de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. La aprobación se logró con 328 votos a favor frente a 131 en contra, en medio de una intensa discusión y protestas por parte de sectores agrícolas y ganaderos.
Desde hace semanas, representantes de estos grupos habían manifestado su inconformidad, demandando cambios en el texto del proyecto que, según aseguran, podría afectar sus derechos y actividades productivas. Sin embargo, informantes cercanos afirman que el proceso de consulta fue deficiente y que las promesas de la Secretaría de Gobernación de ajustar aspectos específicos de la ley no se han cumplido, generando percepción de traición por parte de los legisladores.
El alcalde de Delicias, con base en Chihuahua, puntualizó que las multas y penas establecidas en el dictamen podrían llegar a ser severas, incluyendo sanciones económicas de hasta cinco millones de pesos y la posible cárcel de dos años para quienes sean considerados infractores. Además, destacó que, aunque la legislación vigente ya contempla medidas contra el acaparamiento, las instituciones responsables, como la Comisión Nacional del Agua, no han tomado acción pese a las numerosas denuncias por tomas clandestinas y uso indebido del agua en esa región.
Este episodio refleja las tensiones existentes entre las autoridades y los agricultores, quienes consideran que la ley actual criminaliza su labor y pone en riesgo sus medios de subsistencia. La comunidad agrícola continúa exigiendo una revisión justa y diálogos que realmente consideren sus necesidades, ante un contexto de escasez hídrica y innumerables denuncias pendientes.
El debate en torno a la gestión del agua en México subraya la importancia de garantizar una legislación que equilibre la protección del recurso y los derechos de quienes dependen directamente de él, en un escenario de creciente presión por el cambio climático y el crecimiento poblacional.