La retirada de legisladoras aliadas de la 4T en el Congreso local favoreció la aprobación de un polémico paquete económico y revela fracturas internas en el partido.
En un incidente que evidenció las tensiones internas del movimiento oficialista en Chihuahua, dos diputadas de Morena y una del Partido del Trabajo se retiraron en el momento crucial de la votación sobre la reestructuración de la deuda del estado. La ausencia de Rosana Díaz Reyes y Edith Palma Ontiveros, ambas representantes de Morena, además de Irlanda Dominique Márquez del PT, facilitó la aprobación del paquete económico propuesto por la gobernadora Maru Campos. La maniobra generó un fuerte rechazo interno, derivando en un pronunciamiento público del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que criticó duramente la actitud de aquellas legisladoras, calificándola de decisiva en el paso de un endeudamiento considerado “irracional e innecesario” por el partido.
Este episodio refleja una realidad más compleja que la narrativa oficial, puesto que varios actores internos evidencian fracturas profundas. La dirigencia estatal anunció que el caso será revisado por la Comisión de Honestidad y Justicia del Comité Nacional, en un esfuerzo por mantener la disciplina, aunque el daño político ya está visible. La polarización no se limita a debates económicos; también se vislumbra en conflictos internos que señalan la existencia de guerras de poder y tensiones que exceden la simple cuestión de votos.
Añadido a esto, la coyuntura revela que el conflicto no es exclusivo del escenario político, sino que también tiene implicaciones en áreas sociales y de seguridad en la región. En Residencial Leones, por ejemplo, la inseguridad y las disputas vecinales trascienden la administración local, al no haberse logrado establecer mecanismos efectivos para garantizar la seguridad, la regularización de propiedades ni la resolución de múltiples denuncias por conflictos y daños. La persistencia del enfrentamiento, incluyendo movilizaciones y acciones policiales, evidencia un patrón de inestabilidad que afecta la convivencia y la percepción de autoridad en el fraccionamiento.
Este escenario subraya la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la gobernanza eficaz en distintos ámbitos, pues las crisis políticas internas y las disputas sociales reflejan un desgaste que afecta la estabilidad y la confianza ciudadana en sus instituciones.