El proceso de reelección de Héctor Acosta como auditor generó polémica entre políticos, reflejando la tensión sobre la transparencia institucional en la entidad.
En la reciente sesión del Congreso de Chihuahua, la reelección de Héctor Acosta como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) revivió una confrontación política significativa. Acosta, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2018, fue ratificado para un periodo adicional de siete años, durante el cual continuará supervisando la gestión pública en la entidad. La decisión fue respaldada por una amplia mayoría de legisladores de diferentes bancadas, con una calificación sobresaliente que reflejó su experiencia y desempeño.
El actual senador por Chihuahua y representante de Morena, Javier Corral, criticó duramente la decisión, calificándola como una muestra de impunidad y sugiriendo que la cuenta con un historial de encubrimiento en casos de corrupción en el gobierno estatal. En contraste, miembros del Congreso defendieron la ratificación, señalando que el perfil técnico y profesional de Acosta fue fundamental para lograr un consenso entre las fuerzas políticas. Este proceso revela la importancia de mantener instituciones sólidas y transparentes, en medio de un escenario político marcado por disputas y diferencias ideológicas.
La tensión entre actores políticos en Chihuahua refleja un debate más amplio sobre la autonomía y la credibilidad de los órganos de control interno en México. La elección del auditor ha sido vista como un indicativo del compromiso del Estado con la rendición de cuentas, pero también como un reflejo de las luchas internas por el control de las instituciones públicas.