Diputadas y funcionarios enfrentan acusaciones por ausencias, irregularidades en contratos y controversias políticas en medio de decisiones cruciales para el estado.
En Chihuahua, las recientes decisiones legislativas y administrativas han generado un escenario de tensión y cuestionamientos. La ausencia de las diputadas Rosalba Díaz y Edith Palma durante la votación del presupuesto 2026 ha provocado acusaciones internas y la posible sanción por parte del partido Morena, mientras que una diputada del mismo partido, Irlanda Márquez, permanece en silencio ante su omisión en decisiones relevantes, lo que alimenta las suspicacias sobre su posicionamiento político.
Simultáneamente, auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectaron posibles delitos en contratos públicos y financiamiento de obras, con irregularidades en documentación, alteraciones en opiniones fiscales y posibles pagos indebidos en municipios como Ahumada, Coyame y Ignacio Zaragoza. Estas irregularidades podrían derivar en denuncias penales y marcan un patrón de opacidad en la gestión de recursos públicos.
En el ámbito político, figuras como el alcalde Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar protagonizaron un incómodo saludo navideño, reflejo de rivalidades latentes. Además, denuncias por extorsión a elementos de distintas corporaciones y el cuestionamiento sobre el uso de recursos de campañas anticipadas evidencian la creciente tensión electoral en el estado.
El sector empresarial, representado por la gobernadora Maru Campos, también mostró un discurso de calma tras el aumento al Impuesto Sobre Nómina (ISN), aunque en la práctica, los empresarios exigen mayor participación y transparencia en la definición de obras públicas, enfrentando un difícil balancing entre recaudación y beneficio social. La situación en Chihuahua refleja un panorama de controversias, irregularidades y tensiones que marcarán el rumbo político y administrativo en los próximos meses.
Como contexto, la gestión pública en Chihuahua enfrenta una fase de mayor escrutinio, donde la lucha contra la opacidad y la rendición de cuentas serán clave para restablecer la confianza ciudadana y garantizar una gestión transparente y eficiente.