Ciudad Juárez, Chihuahua. – La Fiscalía de Distrito Zona Norte ha concluido el plazo de investigación complementaria de seis meses, otorgado por un juez, para determinar la situación legal de los presuntos responsables del ocultamiento y conservación ilegal de 386 cadáveres en el Crematorio Plenitud.
Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez cerrada la investigación, el Ministerio Público tiene 15 días para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular una acusación. El fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, adelantó que se formulará acusación contra los implicados.
Salas afirmó que la fiscalía ha acreditado los delitos de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres. De los más de 160 cuerpos identificados, el 95 por ciento ya ha sido entregado a sus familias. La investigación determina que durante tres años no hubo cremación en las instalaciones, sino que los cuerpos se acumularon indebidamente en cuartos sin las condiciones adecuadas.
La defensa de uno de los acusados, identificado como José Luis A. C., quien falleció en octubre de 2025, había interpuesto un recurso de revisión contra la vinculación a proceso, argumentando irregularidades administrativas y no delictivas en la operación del crematorio. Al respecto, la fiscalía reconoció la existencia de faltas administrativas y dio vista a la Secretaría de Función Pública para la investigación de omisiones por parte de funcionarios.
La Fiscalía informó el 15 de diciembre de 2025 sobre la intervención de autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de direcciones municipales de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ecología y Regulación Comercial, en relación con posibles omisiones. El fiscal Salas señaló que corresponde a Función Pública determinar las sanciones administrativas, pero si se detectan delitos, la fiscalía procederá.
El caso se remonta a la formulación de imputación del 1 de julio de 2025 contra A. C. y el fallecido Facundo Teófilo M. R. Se les acusa de haber ocultado aproximadamente entre marzo de 2022 y junio de 2025 un total de 386 cadáveres en descomposición. Los cuerpos se encontraban apilados en condiciones insalubres, sin cremación ni tramitación de documentación para su permanencia, y operando sin dictamen de impacto ambiental, lo que afectó la dignidad de los restos.
La víctima de este delito, según la fiscalía, es la sociedad, ya que en su momento no se contaban con nombres de las víctimas individuales. Carlos Manuel Salas buscará la pena máxima, que para el delito de ocultamiento de cadáveres es de dos años. Sin embargo, enfatizó que si el juez considera la acumulación de penas por cada cuerpo, la sentencia podría rebasar los 60 años, buscando un precedente similar a casos de homicidio múltiple.