El municipio mantiene su compromiso con la integridad y transparencia, consolidándose como líder en control anticorrupción en México.
Chihuahua ha logrado mantener por tercer año consecutivo la certificación internacional ISO 37001 en sistemas de gestión antisoborno, consolidándose como el único municipio del país en contar con esta acreditación. Este logro refleja la firme voluntad de sus autoridades de fortalecer mecanismos de control y transparencia en sus procesos administrativos.
La recertificación fue aprobada tras una exhaustiva auditoría realizada por la firma Assay Register, que validó la continuidad de los controles implementados en áreas clave, como el Comité de Compras, Adquisiciones y Arrendamientos de la Oficina Mayor del municipio. La capital de Chihuahua administra un presupuesto que supera los 7 mil millones de pesos, en un contexto donde la transparencia en la gestión pública resulta fundamental para sostener obras y servicios de calidad.
Este avance también está respaldado por el programa Observador Ciudadano, que permite a la ciudadanía participar activamente en la supervisión de procesos de contratación y obras públicas. En los últimos años, la cantidad de participantes observadores se multiplicó por diez, pasando de 18 a alrededor de 150, lo que refuerza la participación comunitaria en la vigilancia de la gestión pública. Además, la regulación actual obliga a involucrar a un observador en contrataciones superiores a 132 UMAs (unos 5 millones de pesos), fortaleciendo aún más la supervisión ciudadana en licitaciones.
El alcalde Marco Bonilla ha destacado que estos esfuerzos son parte de una estrategia integral para promover la cultura de la integridad, en línea con las reformas impulsadas por el Ayuntamiento para ampliar la participación comunitaria y reducir la burocracia en los procesos de control y supervisión.
Contextualmente, la obtención de la certificación ISO 37001 en el contexto municipal representa un paso importante hacia la creación de entornos administrativos transparentes, donde la prevención y detección de actos de corrupción se vuelven prioritarios, una necesidad cada vez más reconocida en la gestión pública moderna en México.