El gobierno federal y el estado destinarán recursos para mejorar la vigilancia, regulación y capacidad analítica en salud pública y riesgos sanitarios.
Recientemente, la Secretaría de Salud de México formalizó un acuerdo con el gobierno de Chihuahua, mediante el cual se asignaron más de 4 millones de pesos para fortalecer las capacidades en protección contra riesgos sanitarios y en el desarrollo de la red de laboratorios de salud pública en la entidad. Esta inversión busca optimizar los procesos de inspección, regulación y respuesta ante posibles amenazas a la salud en el estado, incrementando la eficacia de sus instituciones sanitarias.
La mayor parte del recurso, alrededor de 2.6 millones de pesos, se destinará a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris). Los fondos permitirán capacitar al personal, modernizar equipos y fortalecer campañas de higiene y prevención, con el fin de hacer más eficiente la regulación en establecimientos, productos y servicios de consumo. Además, se pretende mejorar los sistemas digitales y procesos de inspección, para responder de forma más rápida y efectiva ante riesgos potenciales.
Por otra parte, cerca de 1.75 millones de pesos se destinarán al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chihuahua. La actualización de equipamiento, insumos y protocolos de bioseguridad potenciará la capacidad del laboratorio para detectar contaminantes, agentes biológicos y químicos que puedan representar un peligro para la población. La modernización facilitará también la coordinación con otros organismos nacionales, incrementando la vigilancia epidemiológica en todo el estado, particularmente en emergencias sanitarias.
Cabe señalar que los recursos deberán destinarse exclusivamente a los fines señalados, contando con una supervisión estricta mediante informes de avance y auditorías. La inversión forma parte de los esfuerzos federales por fortalecer los sistemas sanitarios de las entidades, priorizando la prevención y la vigilancia epidemiológica.
Este fortalecimiento en Chihuahua responde a la necesidad de mantener una vigilancia sanitaria eficiente en un contexto en el que la protección de la salud pública es prioritaria para contener riesgos y garantizar bienestar comunitario.