Autoridades y líderes locales cuestionan la legislación aprobada y proponen renegociar acuerdos para garantizar el acceso y reparto equitativo del agua.
En una reciente declaración, el presidente municipal de Chihuahua, Jaime Ramírez Cuéllar, criticó la legislación vigente que regula los derechos de agua, señalando que su aprobación se realizó de manera sorpresiva y sin un debate adecuado, lo que podría afectar las obligaciones del estado frente al tratado internacional con Estados Unidos. La ciudad de Chihuahua enfrenta desafíos severos debido a su clima árido y una histórica deuda de agua con el país vecino, problemáticas que se han visto agravadas por la nueva legislación.
El alcalde señaló que el proceso legislativo fue apresurado, con votaciones en horarios nocturnos que limitaron la participación de sectores afectados. También alertó sobre posibles repercusiones sociales y económicas, incluyendo incumplimientos en pagos por derechos de agua que podrían perjudicar tanto la economía local como la sostenibilidad del recurso en la región. “No permitiremos que se sacrifique el agua de Chihuahua”, afirmó en rueda de prensa.
Como una alternativa viable, se propone retomar las negociaciones para un nuevo acuerdo hídrico con Estados Unidos, que contemple un reparto justo y responsabilidades claras entre Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Además, se busca establecer reglas que promuevan la autosuficiencia agrícola y reduzcan las importaciones de productos de Estados Unidos, como semillas, frijol, maíz y leche, aunque algunos líderes dudan de que estos cambios tengan impacto a corto plazo. La relevancia de esta discusión radica en la necesidad de proteger los recursos hídricos de una región vulnerable y garantizar un proceso de negociación transparente y equilibrado que beneficie a todas las partes involucradas.