La exposición de la economía estatal y la posible recesión alertan sobre el trato desigual de la Federación, en medio de debates presupuestales para 2026.
El gobierno de Chihuahua denuncia una distribución insuficiente de recursos por parte de la Federación, evidenciando una diferencia significativa en los aportes del Estado frente a las inversiones regresadas desde el nivel federal. La crítica surge en medio del proceso legislativo para aprobar el Presupuesto y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, presentado por la gobernadora Maru Campos, con un monto de aproximadamente 117 mil millones de pesos. La propuesta contempla incrementos en impuestos, como la alícuota del Impuesto Sobre Nómina, que pasará del 3% al 4%, similar a otras entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.
Además, el análisis económico revela que en los últimos siete años México ha experimentado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) inferior al 1%, cifra que contrasta con los promedios históricos del 2%, reflejando un panorama económico desafiante. La reducción en presupuestos federales para infraestructura vial en Chihuahua, que pasó de 1,4 mil millones a apenas 224 millones de pesos, evidencia la dificultad para mantener proyectos prioritarios en el estado. La necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y buscar mecanismos que estimulen la economía regional se vuelve inminente.
En este contexto, los expertos advierten que la inversión pública sigue siendo una de las estrategias más eficaces para impulsar el crecimiento económico, especialmente en tiempos de recesión. La propuesta del Ejecutivo estatal contempla alrededor de 2 mil 400 millones de pesos adicionales mediante una gestión inteligente de recursos y posible financiamiento externo, con la finalidad de no afectar el gasto corriente y reactivar la economía en una coyuntura compleja.
Para comprender la relevancia de estos debates, hay que considerar que Chihuahua, como uno de los estados con sectores estratégicos en producción y transporte, necesita recursos adecuados para garantizar su desarrollo y mantenimiento de infraestructura. La disputa por el reparto más justo de los recursos federales refleja no solo una problemática local, sino también una tendencia nacional donde las desigualdades en el financiamiento afectan la estabilidad y crecimiento económico regionales.
En el panorama general, la discusión en torno a la percepción de injusticia en la distribución de recursos y la situación económica adversa refleja la necesidad de una gestión fiscal más equitativa y eficiente en México. La capacidad de las entidades para enfrentar recesiones y mantener proyectos de infraestructura será clave para su recuperación económica futura.